LA JUSTICIA, LA JUVENTUD Y SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

Hace poco más de un mes que la ciudad de Santiago fue estremecida con el escándalo de un supuesto fraude orquestado contra la Dirección General de Aduanas, sobre todo por el hecho de que los involucrados son jóvenes cuya acusación principal es el contrabando de armas y dólares. En estos momentos los imputados se encuentran en sus hogares, bajo la llamada garantía económica como señala nuestra normativa procesal penal, cuyo requisito fundamental es que no exista peligro de fuga.

Este acontecimiento nos lleva hacer muchas reflexiones, nuestro ministerio publico no tiene prueba ciertas y contundentes para demostrar la responsabilidad penal de los jóvenes imputados, tal vez se le olvida que la nueva normativa procesal , lleva al juez a actuar por el pedimento de las partes, en pocas palabras la justicia rogatoria, dichos representantes de la sociedad a la hora de sustentar la prisión preventiva debían llevar como mensaje al juzgador de la gravedad del hecho y sobre todo un fraude en detrimento de la sociedad.

Para los que tienen poca memoria histórica, en la República Dominicana a finales del año 1933 y durante el primer semestre del año 1934, en la ciudad de Santiago de los caballeros, jurisdicción del Distrito Judicial de Santiago, se asociaron varios jóvenes con el objeto de cometer crímenes en contra de personas y propiedades, y que los mismos individuos, poniendo en ejecución sus proyectos criminales, afectar un gran número de familias de la época, con la única diferencia que la justica de entonces, hizo preso a los autores y los entregó a los tribunales. Hoy en día no tenemos una visión clara de este funesto fraude..

Queridos lectores hacemos estas reflexiones, debido a que estas acciones ponen en juego los cimientos mismos de nuestra sociedad. Es sumamente lamentable que con el código de entonces durante el régimen de Rafael Leónidas Trujillo se pudiera hacer una sana administración de justicia. Hoy en día con una nueva normativa procesal penal que exige más de parte de nuestros actores, caemos en un vía crucis procesal, lo que demuestra la debilidad de nuestras instituciones.

El deber de la sociedad es clamar por una justicia digna, cuya misión es dar a cada cual lo que le corresponde, pues si bien es cierto que le incumbe al representante de la sociedad destruir el principal principio fundamental que es la presunción de inocencia, no menos cierto es que dicho auxiliar de justicia tiene un compromiso con la sociedad.

Es por ello que apelamos a la conciencia de toda la sociedad, ya que los malos ejemplos que estamos dando a nuestra juventud lo conduce al inmediatismo , obviando por ende su profundización en el conocimiento de nuestra cultura y su fortalecimiento en el aspecto de la educación y el trabajo.