Por Rafael Frías Kelly
A mediados de de los ochenta, comenzaron a surgir iniciativas que sentaron las bases para la configuración del conocido posteriormente como Plan Decenal de Educación. Este Plan fue concebido como un medio para lograr el mejoramiento del sistema educativo nacional y como una forma innovadora de realizar el proceso de planificación que esta tarea implicaba.
El mismo se ejecutó plenamente a los inicios de los años 90, en las administraciones educativas del Dr. Nicolás Almánzar y la Lic. Jacqueline Malagón, ambos Secretarios de Estado de Educación en los últimos gobiernos del fenecido presidente Joaquín Balaguer. Este plan fue orientado en todo momento por el Dr. Lorenzo Guadamuz, Asesor del Programa de las Naciones Unidas para la Educación, conocido por sus siglas como PNUD.
El PLAN DECENAL constituyó toda una iniciativa que descansó en un acuerdo interinstitucional donde su naturaleza fundamental resultó ser la participación de amplios sectores de la población en la búsqueda de alternativas de solución a los grandes problemas de la educación nacional, mediante propósitos obtenidos por medio de acuerdos.
Uno de los primeros esfuerzos fue convencer al fenecido presidente Balaguer de los propósitos del plan. Tarea nada fácil. Luego se le explicó el plan a los lideres más importantes de la nación en ese momento, nos referimos al Dr. José Francisco Peña Gómez y al profesor Juan Bosch. Estos líderes aprobaron la participación de sus miembros y militantes en todas las actividades realizadas para lograr los objetivos planteados.
En realidad no era fácil lograr estos acuerdos, para garantizar esa participación, el proceso de planificación se realizó a través de cinco Consultas que abarcaron distintos ámbitos institucionales y sectoriales. Esas consultas se denominaron Abierta, Institucional, Nacional, Interna y Regional. En las mismas participaron más de 40,000 personas, en más de 6,000 comunidades de 182 distritos escolares, mediante la realización de foros, reuniones conferencias.
Para que los amables lectores comprendan de que se trata, transcribimos textualmente el artículo 197 de la Ley General de Educación 66-97 que establece lo siguiente:
“El gasto público anual en educación debe alcanzar en un período de dos años, a partir de la promulgación de esta ley, un mínimo de un dieciséis por ciento (16%), del gasto público total o un cuatro por ciento (4%) del producto interno bruto (PIB) estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor de los dos, a partir del término de dicho período, estos valores deberán ser ajustados anualmente en una proporción no menor a la tasa anual de inflación, sin menoscabo de los incrementos progresivos correspondientes en términos de porcentaje del gasto público o del producto interno bruto (PIB).
El presidente Fernández no puede decir al país que cuando firmó esa ley no leyó su artículo 97.
Con 9 años en ejercicio del poder, el presidente Fernández es el mandatario que más ha dirigido los destinos nacionales después que el mismo promulgara esta ley en 1997, razón por la cual no puede culpar a otros gobiernos de actuar igual que él.
Recomendamos al presidente Leonel Fernández que cuando arribe al país el próximo Lunes 6 de diciembre, lo haga vestido de amarillo y que se comunique con sus legisladores y exprese la decisión de su gobierno de cumplir con lo establecido en el artículo 197 de la ley 66-97.
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