A pesar de las miles de firmas ciudadanas de rechazo y sin la participación de la prensa independiente, el Gobierno elaboró y aprobó ayer el Reglamento de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, endureciendo así el cerco jurídico y político a la libertad de expresión con sanciones de hasta un año de suspensión de radios, televisoras y periódicos.
Sectores de la sociedad y líderes de opinión nacionales e internacionales cuestionaron esta normativa ratificando la Ley de Imprenta y la libertad de expresión como uno de los derechos fundamentales en una sociedad democrática.
Para el presidente de los abogados de Bolivia, Edwin Rojas, los medios de comunicación deberán acudir al Tribunal Constitucional con un recurso legal para defender la libertad de expresión y ratificar la Ley de Imprenta como instrumento para fiscalizar la labor informativa. Además, ratificó que los periodistas tienen una función importante para la sustentación de la democracia en el país.
En tanto, para el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) Juan Javier Zeballos, la inhabilitación temporal de funcionamiento o emisión de un medio de comunicación, implica una sanción definitiva, por los perjuicios que implicaría dejar paradas las actividades, además de las consecuencias laborales que no fueron tomadas en cuenta por los sectores oficialistas que promovieron la reglamentación de la Ley 045. “Las sanciones no eximen a un medio de cumplir con sus obligaciones laborales”, dicta la norma.
Las ministras de Culturas, Zulma Yugar y de Justicia, Nilda Copa, presentaron ayer el reglamento de la Ley antirracismo, aprobado por Decreto Supremo 762 incluyendo los “artículos mordaza” 16 y 23, y estableciendo sanciones para los medios de comunicación independientes de hasta 360 días de suspensión. Anunciaron además un proyecto de Ley de Medios que sería elaborado en esta gestión como otro instrumento de control gubernamental sobre las empresas informativas.
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