La propuesta de modificación al Presupuesto 2011 para transferir 13 mil 221 millones al sector eléctrico afecta la partida del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en medio de una epidemia de cólera que ha cobrado la vida de decenas de ciudadanos y la alta incidencia en los casos de dengue y leptospirosis con la llegada de la temporada de lluvias. El presupuesto de Salud será disminuido en 2 mil 74 millones.
Desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado respecto de la protección social, esta propuesta de reforma presupuestaria es injustificable e inaceptable. Sólo al Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA) le reducirán los recursos en aproximadamente 437 millones.
Trasferir esta cantidad de recursos desde varias instituciones del Estado, a un barril sin fondo como el eléctrico, será otro duro golpe para los sectores populares y de clase media que hoy enfrentan un profundo deterioro en su calidad de vida debido a los apagones, la carestía en los alimentos, el desempleo y la inseguridad ciudadana.
El gobierno se propone, además, aumentar la deuda pública, puesto que el 57 por ciento de los recursos transferidos al sector eléctrico, es decir, 7 mil 527 millones, provendrán del Acuerdo de Petrocaribe lo que incrementará el déficit fiscal.
La pieza legislativa establece que el déficit fiscal se incrementará de 33 mil 547.9 millones a 41 mil 74.9 millones. En términos absolutos aumentará en igual monto que el Presupuesto de la Nación (7mil 527 millones), pero en términos relativos lo hará en 23 por ciento.
Este proyecto de ley desmiente las declaraciones ofrecidas por varios ministros del gobierno del PLD quienes decían que el Poder Ejecutivo buscaba cumplir con su promesa de disminuir el gasto público en un 12 por ciento. Esta propuesta no se trata de un plan de austeridad, sino todo lo contrario. Es un incremento de gasto público por medio de un aumento en el endeudamiento.
Desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado respecto de la protección social, esta propuesta de reforma presupuestaria demuestra la falta de sensibilidad social del gobierno.
Esto afectará doblemente a los más pobres que carecen de recursos para acudir a los centros privados y verán reducidas las acciones de salud colectiva, especialmente las relacionadas con acceso a agua potable y saneamiento.
El cólera, el dengue y la leptospirosis tienden a expandirse entre los miembros de hogares que carecen de acceso a agua potable y saneamiento básico al interior de sus viviendas. La reducción de estas enfermedades pasa por una fuerte inversión en acueductos y alcantarillado sanitario. La disminución de los recursos destinados al INAPA en lo que resta del año traerá consigo mayor pobreza y exclusión social.
La clase media también se verá duramente afectada debido a que paga fuertes incrementos de la tarifa y del subsidio al sector eléctrico al mismo tiempo. Luego del recién aprobado paquetazo fiscal, los sectores que pagan el servicio eléctrico, están siendo penalizados doblemente con sendos aumentos de tarifas e impuestos.
Con esta nueva trasferencia el subsidio al sector eléctrico alcanzará este año la friolera de 26 mil 871 millones de pesos, ya que se habían presupuestado originalmente unos 13 mil 650 millones. Este es el costo de la ineficiencia administrativa en la industria eléctrica. Dichos recursos tendrían un mayor impacto en el bienestar de la población si se invirtieran en educación, salud, vivienda, acceso a agua potable y alcantarillado.
Trasferir 13 mil 221 millones al sector eléctrico para ser manejados de forma discrecional en el pago de la deuda a los generadores, aumentando el endeudamiento público y disminuyendo el gasto en salud, muestra la indolencia y falta de compromiso del gobierno con los sectores más vulnerables de la sociedad.
La calidad del gasto público se sigue deteriorando mientras la educación y la salud reciben cada vez menos recursos en términos reales. Los recursos públicos se están destinando a actividades no prioritarias que generan grandes comisiones a funcionarios y enormes beneficios a contratistas del Estado a costa del deterioro de la calidad de vida del pueblo dominicano.
Los contribuyentes se están empobreciendo muy rápidamente, mientras los funcionarios públicos de mayor jerarquía evidencian riquezas injustificadas. El costo de una administración pública ineficiente y corrompida como la actual para el país es socialmente insostenible.
La viabilidad del proyecto nacional es incompatible con los actuales niveles de corrupción, baja calidad en el gasto público y con la continuidad del PLD en el gobierno.
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