En un hecho sin precedentes en los anales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el pasado viernes, algunos estudiantes desaprensivos e individuos ajenos a la academia, transgresores de la institucionalidad, de la autoridad y del patrimonio universitario, perpetraron una balacera, lanzaron piedras y objetos, quemaron varios vehículos y causaron daños cuantiosos al edificio de la rectoría, llenando de pánico a la familia universitaria.
Esos bochornosos y peligrosos actos fueron realizados tomando como pretexto la resolución del Honorable Consejo Universitario que ordena un reajuste de los aportes que, por concepto de servicios académicos, venían haciendo los estudiantes por varias décadas y que nunca habían sido revisados.
Las medidas del Consejo Universitario responden al imperativo de garantizar la cobertura y calidad de los procesos académicos e institucionales de la Universidad.
Es de interés aclarar que las decisiones del Consejo Universitario no buscan privatizar la universidad, ni lanzar por la borda el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad, tal y como lo consagra la Carta Magna de la Nación. Tampoco busca excluir del sistema de educación superior a los estudiantes más pobres y vulnerables, que tienen en la UASD su única opción para formarse como profesionales y alcanzar la movilidad social anhelada. En tal sentido, se previó una asistencia solidaria, para que aquellos que la requieran puedan cubrir el costo de inscripción y de los créditos académicos.
En adición a lo expuesto, el Consejo Universitario se vió compelido al citado ajuste tarifario, debido al incumplimiento de la Ley 57-78, que contempla un 5% del presupuesto nacional para la UASD, y debido, también, a que el presupuesto de la academia se ha mantenido estático, mientras que la población estudiantil ha ido aumentando considerablemente y la Universidad se ha ido extendiendo por todo el país.
El Consejo Universitario reafirma la filosofía inscrita en el Estatuto Orgánico, en virtud de la cual reconoce el derecho a la protesta pacífica y organizada, pero no tolera el irrespeto a la autoridad y a la ley, que se puso de manifiesto en la ocupación de la Vicerrectoría Administrativa, donde se retuvo forzosamente, por variar horas, a los profesores y empleados allí presentes. Tampoco puede pasar por alto la agresión y los vejámenes de que fue objeto el Consejo Universitario en la pasada graduación celebrada en San Francisco de Macorís. En consecuencia, el Consejo Universitario decidió expulsar a los responsables de dichos actos, lo cual trajo consigo uno de los mayores niveles de agresión contra la familia universitaria y su patrimonio, a tal punto que el señor Rector, amparado en el estatuto orgánico, solicitó el auxilio de la fuerza pública, para restablecer el orden universitario.
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