LAS TARIFAS DE DERECHOS ACADÉMICOS EN LA UASD

Para expresar sus reclamos, han utilizado como principal argumento el calificativo de “privatizadores”, con el cual acusan a las autoridades universitarias que aprobaron dicha medida.

La antigua Universidad de Santo Domingo, recibió los vientos transformadores de Córdoba 43 años posteriores a aquellos acontecimientos ocurridos en 1918 que reclamaron autonomía universitaria, cogobierno, Extensión universitaria, acceso por concursos y periodicidad de las cátedras, libertad de cátedra, cátedra paralela y cátedra libre, acceso masivo y gratuito, vinculación de docencia e investigación, inserción en la sociedad y rol de la universidad, solidaridad latinoamericana e internacional, unidad obrero-estudiantil, entre otros puntos reivindicativos.

Fruto de la lucha de los estudiantes de la época, la antigua Universidad de Santo Domingo, alcanzó la Ley de Autonomía, numerada 5778, el 31 de diciembre de 1961 la que expresa en su Artículo. 3: “El Estado dedicará anualmente para el financiamiento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo un subsidio que no será inferior al cinco por ciento del Presupuesto Nacional. Este subsidio será considerado como parte del patrimonio de la Universidad y solo ella tendrá derecho a administrarlo. También integrará a su patrimonio otros fondos que por cualesquiera otros medios que procure debidamente la Universidad”.

En 1965, estalló la Guerra de Abril y dejó como legado tangible, con el Movimiento Renovador a la cabeza, un modelo de universidad bajo los principios de las Reformas de Córdoba.

Sin embargo, en 1966, el Claustro Universitario aprobó el nuevo Estatuto Orgánico de la nueva Universidad, el cual estableció en el artículo 106: “Las fuentes de ingreso de la Universidad son las siguientes: “b) el producto de los derechos por concepto de matrículas de estudiantes, expedición de títulos, exámenes, reválidas, y cualesquiera otros que establezcan los reglamentos”.

Está claro, entonces, que el establecer o modificar tarifas no es ilegal, no es un atentado a la autonomía ni amenaza al carácter público de la Institución. Lo que sí la amenaza son los desórdenes injustificados que dan argumento a sus enemigos externos para tratar de arrebatarle sus conquistas como ocurre en la actualizad con un proyecto de ley que pretende anular la Ley 5778.

Desde 1966, la UASD ha funcionado en base al nuevo modelo, como universidad de matrícula abierta, pero no ha resultado así con el financiamiento. Ningún gobierno ha cumplido con asignar el 5% que establece la Ley, por lo que se ha acumulado una deuda con la Institución, que calculada de 1966 a 2012, supera los 100 mil millones de pesos, causa esencial de las diversas crisis de la Academia que le han construido una imagen ante la Sociedad Dominicana que la percibe como una Institución “insaciable”.

No ha sido posible a la UASD ofrecer la educación totalmente gratuita, por lo que el Consejo Universitario ha emitido decenas de resoluciones estableciendo o modificando tarifas por concepto de derechos académicos. Así ha sucedido en los años 1967, 68, 72, 73, 75, 77, 83, y 2003, para citar sólo algunos ejemplos. Ninguna de esas resoluciones privatizaron la UASD. Una más ha ocurrido ahora en 2012, la que ni siquiera indexa las tarifas establecidas en 1973.

Si comparamos en dólares ambas tarifas, el resultado es que un estudiante proveniente de los estratos económicos mas bajos, aportaba en 1973, 27 dólares por concepto de derechos de matriculación y por 7 asignaturas. Ese mismo estudiante debe aportar hoy 23.49 dólares por el mismo concepto. En el caso de los estudiantes que provienen de los sectores con mejores condiciones económicas, esto es, los que procedían de familias con ingresos superiores a mil pesos mensuales similar a los que hoy provienen de colegios donde pagan tarifa mensual superior a 2 mil pesos, aportaban en 1973, 137 dólares y en 2012, sólo 131.48.