En la medida que pasan los días el pueblo dominicano logra ver con más claridad el desorden instaurado por el ex presidente Leonel Fernández desde el Palacio Nacional.
En el caso de las pensiones de altos funcionarios, recordemos el escándalo sucedido en el 2007 con la pensión que se autoasignó en el Banco Nacional de la Vivienda, el dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, el doctor Leonardo Matos Berrido.
En su condición de Administrador General de la entidad oficial, Matos Berrido se auto otorgó una pensión (RD$450,000) pesos mensuales más otros beneficios, como el pago de su chofer, seguridad, y ceder los derechos de la misma después de su muerte a su esposa.
Cuando esto sucedió el presidente Fernández guardó silencio.
Ahora se destapa que en la transición Haivanjoe NG Cortiñas , actual director de la Contraloría General de la República y exsuperintendente de Bancos se auto pensionó. El mismo funcionario dispuso su pensión por (RD$625,000) mensuales más otros beneficios ,con el argumento de servir por más de 26 años al Estado dominicano. Todo esto sucedió con el silencio cómplice del ex presidente Leonel Fernández.
De acuerdo a denuncias de legisladores pertenecientes a las filas del Partido de la Liberación Dominicana, ocurrió todo un festival de pensiones en los tres meses de transición. Todo esto debe investigarse.
Es necesario parar este desorden de una vez y por todas. Una pensión es un derecho que adquiere un trabajador, luego de haber aportado sus mejores años de vida a una institución.
Ese derecho que adquieren los trabajadores ha sido distorsionado por políticos corruptos y sinvergüenzas que pese a que han disfrutado el privilegio de ocupar durante años un cargo público, luego aspiran enajenar al Estado de recursos millonarios para beneficio particular. Ser presisa legislar en estesentido, de manera que ningún funcionario se pueda auto pensionar como sucedio en los casos analizados en este editorial.
Se precisa regular el monto de estas pensiones.
Sugerimos que se disminuya el monto de las pensiones sobrevaloradas y se ponga un tope de doscientos mil pesos ,RD$200,OOO.OO,sin importar la posición oficial que se haya ocupado.
Los funcionarios que no estén de acuerdo con una medida similar que no sirvan a un Estado de una nación pobre, que laboren en el sector privado y que gestionen esas pensiones millonarias en sus propias empresas.
¡Qué desvergüenza!
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