Santo Domingo, 1 de diciembre del 2012. Varios activistas de derechos humanos coincidieron en que el Estado Dominicano no ha hecho lo suficiente para elevar la calidad de vida de los dominicanos/as que se encuentran en situación de pobreza, ni ha respondido adecuadamente a las necesidades de protección e integración plena de los sectores históricamente marginalizados
y excluidos, tales como las mujeres, dominicanos de ascendencia haitiana, personas con discapacidad, Niños, Niñas, Adolescentes y migrantes.
Consideraron como muy preocupante el hecho, de que año tras año, los diagnósticos reflejen un deterioro progresivo de la situación de los derechos humanos en el país. Estas declaraciones tuvieron lugar en el marco del análisis de coyuntura del Centro Bonó correspondiente al mes de diciembre, que se consagró a hacer un balance del respeto a los derechos humanos en República Dominicana durante el año 2012.
En relación a los desafíos de la política social, se planteó que no sólo se debe incrementar la inversión pública, sino que la misma tiene que ser de mejor calidad. “Se tienen que establecer mecanismos eficaces para el monitoreo de la ejecución transparente y eficiente de la asignación presupuestaria en las instituciones del Estado en materia social”.
En ese sentido se valoró positivamente las señales de voluntad política del Poder Ejecutivo en relación a la consignación del 4% del PIB para la educación preuniversitaria en el presupuesto del 2013. Sin embargo, manifestaron que están alertas, en espera de la materialización de esta promesa, al tiempo que instaron al Estado ha asumir con mayor determinación la implementación de políticas para afrontar el problema de la profundización de la pobreza general. El diálogo destacó oportunamente el señalamiento de la CEPAL de que la pobreza ha aumentado a un 42,2% en República Dominicana, contrario a la tendencia de reducción de la misma en el resto de América Latina.
El panel estimó que siguen siendo necesarias políticas sociales universales e integrales orientadas a promover la vida digna del pueblo dominicano. Lamentó que en pleno siglo XXI el déficit habitacional nacional ronde las 864, 000 viviendas, lo que significa que millones de dominicanos no tienen techo o viven en casas en muy mal estado, con pisos de tierra, sin instalaciones sanitarias adecuadas y sin acceso a agua potable. También consideró como alarmante que el 47.5% de la población no cuente con la protección del Sistema de Seguridad Social.”
En cuanto a la situación de los derechos humanos de los grupos vulnerabilizados, se expresó especial preocupación por las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. “En este año podrían ser más de 200 las mujeres asesinadas. Es injustificable la inercia del Estado, que se ha mostrado incapaz de establecer mecanismos eficaces de protección para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y la delincuencia común.”
La situación de los NNA es también dramática. Además de que no ha erradicado el trabajo infantil, el país tiene una de las tasas más altas de embarazos en adolescentes de toda la región de América Latina y el Caribe. Lo cual es una consecuencia directa de la ausencia de educación y de servicios especializados de salud sexual y reproductiva para jóvenes. Todo lo anterior se expresa en un altísimo índice de deserción escolar, que alcanzan el 50% en el nivel medio.
Otra de las grandes violaciones a los derechos humanos en el país es la que afecta a los dominicanos/as de ascendencia haitiana. Decenas de dominicanos/as se hallan en riesgo de apatridia debido a que la Junta Central Electoral-JCE- ha decidido despojarlos arbitrariamente de la nacionalidad dominicana.
Al asumir esta actitud la JCE incurre en una triple violación de la Constitución: ejercer roles que no les corresponden, vulnerar derechos fundamentales de las personas, y desobedecer al sistema de justicia. Este es un fuerte indicador de inseguridad jurídica en el país, inmadurez democrática y debilitamiento del Estado de Derecho en sentido general.
Por otro lado, las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, reiteraron su preocupación por el hecho de que no están recibiendo de parte del Estado la debida protección contra la discriminación. Afirmaron que el Estado no ha definido todavía una política seria de inclusión para promover su inserción en el mercado laboral y el sistema de educación en función de las condiciones especiales de esta población.
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