SANTO DOMINGO.- Decenas de empleados de la Licorera La Altagracia, la única industria instalada en la provincia Bahoruco, reclamaron su derecho al trabajo durante una vigilia pacífica realizada este martes frente al Tribunal Contencioso Administrativo. Aunque no hubo incidentes, el organismo estuvo fuertemente custodiado por un contingente de militares antimotines adscritos al destacamento Duarte.
La manifestación se desarrolló mientras se conocía una solicitud de adopción de medidas cautelares incoadas por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) a fin de que se declare la suspensión de varias resoluciones aprobadas por el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo para la instalación de diversas empresas. La audiencia, presidida por la magistrada Delfina Amparo De León, fue reenviada para el 6 de febrero próximo, a pedido de los abogados de las firmas afectadas.
Marichal Romero, quien habló a nombre de los obreros, dijo que junto a sus familiares viven angustiados y con temor de perder sus empleos y el sustento y supervivencia porque la AIRD se opone a las operaciones de la licorera, pese a que esta empresa fue autorizada y ratificada por los organismos competentes tras cumplir con todos los requisitos legales.
Afirmó que como dominicanos ellos también tienen derecho al trabajo honrado y a gozar de los beneficios de la Seguridad Social (salud, riesgos laborales y seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia).
La Licorera La Altagracia se dedica a la producción, comercialización, importación y exportación de rones, licores y otras bebidas alcohólicas. En la actualidad fabrica nueve tipos de rones agrícolas, los que se exportan fuera del territorio dominicano y cuyos beneficios contribuyen al desarrollo, crecimiento, bienestar y progreso del denominado sur profundo.
Según Romero, si se suspenden las autorizaciones otorgadas a la licorera se perderá la única fuente de empleos de la zona y se reducirá a su mínima expresión la actividad productiva de una provincia que, como Bahoruco, ocupa uno de los índices de menor desarrollo del país.
La AIRD alega que las operaciones de la Licorera La Altagracia, así como de las empresas Vaperdy, Maiberil International, Yoseplastic, Saerat Investment, R. V. Steel, Puerto Copello y Hormigones Fronterizos provocarán una distorsión en el mercado nacional y elevó un recurso contencioso administrativo para que las autoridades revoquen los permisos.
Esas empresas fueron autorizadas a instalarse y operar al amparo de la Ley 28-01 por el Consejo de coordinación Especial de Desarrollo Fronterizo, en la asamblea del 26 de julio pasado. Las licencias se confirmaron y ratificaron en la asamblea general ordinaria del 26 de septiembre último, reconociéndose que contribuirían de manera directa y significativa al desarrollo y progreso de la región de mayor marginalidad, pobreza, miseria y abandono de toda la geografía nacional
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