EDITORIAL
La propuesta del Ministerio de Educación para disponer un aumento del salario a los maestros en un 15 % constituye una oferta ridícula, sencillamente vergonzante. Es como que la ministra está interesada en un pleito inútil.
No creemos que en idioma español aparezca otro término más adecuado para calificar la propuesta que hiciera la ministra de Educación, maestra Josefina Pimentel a la Asociación Dominicana de Profesores.
Sólo la Reforma Fiscal que aplica el actual gobierno ha disminuido de manera dramática el poder adquisitivo del salario de los docentes, pensionados, jubilados, servidores de la administración pública y trabajadores en sentido general.
En cambio la ministra actuó con rauda presteza cuando se decidió aumentar el salario de la máxima autoridad de la educación oficial.
Para hacer justicia con los maestros nunca hay dinero disponible. Es el mismo caso de los servidores que han entregado sus vidas a la educación nacional y que hoy padecen de serios problemas de salud, razón por la cual han sido pensionados y jubilados.
Conocemos casos de educadores que han cumplido hasta diez años sin recibir incrementos en sus salarios. El gobierno de Leonel Fernández nunca los tomó en cuenta.
La ley de Educación consigna que los maestros retirados deberán recibir un 15% como incremento salarial debido a la inflación. Esa parte de la ley es violada de manera recurrente.
Es necesario impulsar cambios transcendentales en la educación nacional.
Ya el gobierno ha iniciado la construcción de parte de la infraestructura que se necesita.
No creemos en un cambio sustancial en educación con maestros disgustados.
Atendamos la parte humana. Sin maestros motivados no será posible impregnar el magnetismo que se precisa para que puedan entregarse en cuerpo, alma y corazón a la tarea que les espera.
Si queremos una mejora sustancial de la Educación Nacional, no regateemos un justo aumento a los profesores.
Un incremento a $30,000 pesos por tanda sería la bujía inspiradora.
Una decisión de este tipo deberá ser acompañada del inicio de todo un plan de desarrollo y capacitación de los docentes de manera que quien no responda, de acuerdo a los criterios que se establezcan, deberá ser cesanteado, con la posibilidad de que pueda prestar servicios en otra área que pudiera ser necesario,
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