Santo Domingo. El Movimiento “Reconoci.do” y el “Movimiento por Un Registro Civil Libre de Discriminación” alertan a la población dominicana sobre la decisión del Pleno JCE del 21 de Febrero de 2013, publicada en la página de internet de la JCE, información a la cual únicamente hemos tenido acceso, que indica lo siguiente:
“Único: Desestimar el “Anteproyecto de Ley Sobre Registro de Nacimientos de Hijos (as) de madres Extranjeras no residentes en la República Dominicana”, y documentar los 22,673 casos de extranjeros que han sido identificados en los Libros Registros de Nacimiento y remitirlos a la Dirección General de Migración, para que esta institución tome la decisión al respecto”.
Se dispone la documentación, depuración y revisión de los expedientes aludidos en la referida acta y su previa presentación al Pleno de la JCE a fin de comprobar que los mismos se encuentran dentro de los casos definidos en el Artículo 9 de la Ley 285-04, numerales 2 y 4 de la Ley de Migración. Este mismo trato se aplicará a cualquier otro expediente que reúna las condiciones especiales que define el artículo 9 de la ley de Migración”
En este tenor, es importante aclarar lo siguiente:
Esta decisión de la JCE NO cambia en absoluto la posición que siempre hemos tenido. No se trata de extranjeros/as, los afectados son dominicanos/as. La Dirección General de Migración no tiene relación ni competencia alguna con el presente caso, como tampoco la sección de Extranjería de la JCE. La JCE no está asumiendo su responsabilidad.Además, los afectados NO son personas indocumentadas; reiteramos que son dominicanos, cuyos documentos de identidad les han sido retenidos y denegados, desnacionalizándolos.
Esta decisión del Pleno dela JCE, reafirma la política de desnacionalizaciónarbitraria del Estadode facto y por medio de medidas administrativas arbitrarias, a dominicanos de ascendencia haitiana a quienes la entrega de sus documentos de identificación les es negada.
El artículo 110 de la Constitución de 2010 indica que “[l]a ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo [….]”. En consecuencia,lo que pretende la JCE con esta decisión es asumir que los documentos de identificación de las personas afectadas,dominicanos de ascendencia haitiana, no son válidos y los anulan administrativamente; tratándolos como si fueran extranjeros, cuando SON DOMINICANOS. Recordamos que el artículo 18. 2 de la Constitución de 2010 expresa textualmente que son dominicanos: “Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”.
Existe violación al Debido Proceso de Ley, conforme al artículo 69, numeral 10 de la Constitución de 2010, al adoptar la JCE medidas decarácter colectivo, cuando es competencia de los tribunales determinar la falsedad o no de actas de nacimiento que tienen fe pública examinando cada caso de manera individual.
Llama la atención el número de supuestos “extranjeros” indicado por la JCE en esta decisión, de 22,673 personas. Al respecto, destacamos que en un reciente simposio celebrado este mes sobre “Desnacionalización” escuchamos exponer al Miembro José Angel Aquino de la JCE, que aproximadamente más del 80% de afectados/asa partir de la medidas de 2007 de la JCE son de dominicanos de ascendencia haitiana. Lo cual evidencia que el grupo afectado a causa de las medidas arbitrariassigue siendo el mismo y el contexto discriminatorio de las medidas, inclusive las de este caso.
Reiteramos que la solución al problema es la eliminación de la Resolución 12-07 dictada por la JCE, y que se detenga la política de suspensión de entrega de los documentos de identidad a los dominicanos de ascendencia haitiana. En este sentido, reiteramos a la JCE instruir a las Oficialías Civiles y Centros de Cedulación de todo el país que expidan libremente y de forma eficiente copias de las actas de nacimiento asentadas en los libros del Registro Civil que están bajo su cargo, así como las cédulas de identidad y electoral a todos los dominicanos, sin distinciones, especialmente aquellas basadas en el origen nacional de sus padres.
Finalmente, requerimos la entrega de la información y el listado de cada una de las 22,673 personas supuestamente “extranjeras” que señala la JCE en esta decisión.
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