FEDOMU Y LMD EN DEFENSA DE ALCALDES IMPUTADOS CASOS CORRUPCION

Félix Manuel Rodríguez y Tony Adames, alcaldes de la Romana y San Francisco de Macoría quienes enfrentan procesos judiciales en la actualidad.
Félix Manuel Rodríguez y Tony Adames, alcaldes de la Romana y San Francisco de Macoría quienes enfrentan procesos judiciales en la actualidad.

Por Rolando Richard 

 

Santo Domingo Distrito Nacional, 27 de Febrero de 2014:La Federación Dominicana de Municipios y la Liga Municipal Dominicana expresaron su preocupación ante la apertura de procesos judiciales contra alcaldes en ejercicio

 

Ambas entidades manifestaron que reconocen que "corresponde al Ministerio Público iniciar procesos donde haya indicios precisos y concordantes de conductas reñidas con las obligaciones derivadas de nuestro marco legal." 

 

Consideraron que es fundamental, para mantener el apego a los derechos de las autoridades imputadas, que el Ministerio Público y los jueces sean garantes del debido proceso, que incluye entre sus principios la presunción de inocencia y el respeto a los derechos de los imputados.

 

Manifestaro que:“Es preciso que la exasperación que siente la sociedad dominicana frente a lo que algunos denominan un clima de impunidad, no tome a los alcaldes y demás autoridades locales como cabeza de turco, generando un ambiente de populismo penal que conduzca al linchamiento judicial o negación de derechos en los procesos abiertos y por abrir”, señalaron.

 

"Es responsabilidad de los representantes del Poder Judicial actuar con equilibrio, actitud sopesada y no influenciada por la presión social y mediática, para que los procedimientos judiciales cuenten con todas las garantías procesales necesarias para la sana administración de justicia". Indicaron. 

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Resaltaron que hay que establecer diferencias entre las acciones administrativas tipificadas de irregulares por inobservancias en el cumplimento de procedimientos establecidos por las leyes para la administración de recursos públicos de lo que es el dolo y el enriquecimiento ilícito. La corrupción debe ser sancionada donde quiera que se origine pero los derechos de los procesados deben ser garantizados tal y como nuestro sistema constitucional y garantista establece.

 

Advirtieron que: " La pasión y la emoción social no pueden nublar el juicio racional de la justicia".

 

En documento enviado a esta redacción indicaron que los alcaldes son personas con suficiente arraigo en la sociedad dominicana razón por la cual no existe peligro alguno de fuga en los procesos judiciales que se les siga a los mismos.

 

Finalmente garantizaron que los que resulten imputados comparecerán a los requerimientos que haga cualquier órgano del Poder Judicial, por tanto, es injustificable que se dicten medidas de coerción contra alcaldes que impliquen privación de libertad y que llevan a la suspensión de sus funciones por parte de un órgano de la propia administración municipal, como es el concejo de regidores, que usualmente son parte del proceso incurriendo en conflicto de intereses.

 

 

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