Por:Nelly Anmador
En el artículo 34 de nuestra Ley General de Educación 66-97 se especifican las funciones que tiene el nivel inicial y que consideramos importante compartir y asimilar para la acción correspondiente:
a) Contribuir al desarrollo físico, motriz, psíquico, cognitivo, afectivo, social, ético, estético y espiritual de los educandos; b) Promover el desarrollo de las potencialidades y capacidades de los educandos, mediante la exposición en un ambiente rico en estímulos y la participación en diversidad de experiencias formativas; c) Favorecer la integración del niño con la familia; d) Desarrollar la capacidad de comunicación y las relaciones con las demás personas; e) Desarrollar la creatividad; f) Respetar, estimular y aprovechar las actividades lúdicas propias de la edad de ese nivel; g) Desarrollar el inicio de valores y actitudes como la responsabilidad, la cooperación, la iniciativa y la conservación del medio ambiente; h) Iniciar el desarrollo del sentido crítico; l) Preparar para la Educación Básica; j) Promover una organización comunitaria que estimule el desarrollo de actitudes litorales y esquemas de comportamientos positivos.
Estas funciones implican una actitud realmente coherente en el marco de la planificación educativa y el rol de cada uno de los actores para ejecutar las actividades pertinentes que contribuyan al logro de las metas propuestas, en cuyo proceso deberán salvarse obstáculos de orden político, técnico, administrativo y metodológico para obtener mejores resultados.
Recientemente, en nuestro país se ha firmado el Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030 y trata en el apartado sobre la democratización e igualdad de oportunidades para acceder a la educación desde el nivel inicial al nivel superior, enumerando los grandes propósitos que se persiguen y exponen como motivación la obligación que tiene el Estado dominicano en promover la educación desde los primeros años, asegurando la universalización de la educación inicial, primaria y secundaria, así como la promoción de la educación técnica y tecnológica, entre otros elementos. Y, asumir como compromisos, el cumplimiento con lo establecido en la llamada Estrategia Nacional de Desarrollo, en lo relativo a ofrecer educación pública gratuita, obligatoria y de calidad, en el nivel inicial a partir de los 3 años.
De igual manera, ampliar la cobertura de la atención integral y la educación inicial a menores de 5 años, propiciando el establecimiento de centros de atención, con programas fundamentados en las familias y la comunidad, teniendo bajo atención oportuna aspectos relacionados con la salud, la alimentación y otras necesidades especiales. Y, finalmente, en este pacto se aspira también a desarrollar estrategias para asegurar el ingreso oportuno, la reinserción y la superación de la exclusión y el abandono escolar; la construcción de aulas y la contratación de maestros cualificados que se requieran.
Tal y como hemos visto, constituye una gran conquista la declaración del nivel inicial como el primero del sistema y la disposición del estado de garantizar el acceso. Ahora es necesario que se impulsen alternativas viables y programas dirigidos a la población de los niños y niñas menores de 5 años que se sostengan a partir de corresponsabilidad y articulación de las familias y las comunidades.
Es pertinente, también, evaluar cómo marcha este proceso en nuestros centros educativos donde todos los niños y niñas han sido beneficiarios y todas las sugerencias y actividades colaterales se han cumplido, resultando contraproducente el hecho de mantener la promoción automática. Creemos que si el proceso ha sido ejecutado en el marco de los procedimientos pedagógicos y metodológicos normales, no será necesario continuar con esa aberración de la promoción automática.
La autora es Educadora y fundadora de la ADP
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