Por:Nelly Amador
Desde la década de los años 60 en donde empieza a aparecer la participación como estrategia en las teorías de desarrollo hasta los años 90 cuando se formula el Plan Decenal, en educación no se había tomado conciencia real de la importancia de la participación.
Independientemente de que se habían constituidos algunos mecanismos que posibilitaban a pequeños grupos y sectores hacer aportes al proceso educativo, incluso con normas y reglamentos para su operatividad, la misma situación de crisis que envolvía al sistema educativo no permitía ver con claridad tal participación. Y ésta se circunscribía al buen deseo y estado anímico del director de la escuela o de uno que otro empresario que decidía retribuir con “algo” a la comunidad que le aportaba sus riquezas.
Fue así como surgieron las llamadas Sociedades de Padres y Amigos de la Escuela mediante decreto presidencial y de otro lado el denominado Apadrinamiento.
El accionar humano en cada época o coyuntura histórica tiene el estigma de la corriente de pensamiento que ideológicamente predomine y de la concepción que sobre las cosas se asuman como patrones para la práctica cultural.
Y es ahí donde radicó primordialmente nuestro problema básico, no sólo como nación, pues toda América Latina tuvo incertidumbres que surgieron por la falta de una clara visión del proyecto de desarrollo educativo y de las modalidades que para la participación debían adoptarse.
Al principio no fue posible distinguir conceptualmente participación, participación social, política y comunitaria. Entonces se actuaba indistintamente en el marco de cualquiera de ellas.
Qué se entiende por participación?
Tratadistas en la materia, como Stavenhagen, en octubre 1969, ciudad de México, definen participación comunitaria como una actividad organizada por parte de un grupo con el objetivo de expresar necesidades o demandas, de defender intereses comunes, de alcanzar determinados objetivos económicos, sociales o políticos, o de influir de manera directa en los poderes políticos.
La participación política se concibe como la acción de influir en el proceso de toma de decisiones (en defensa a) para promover los intereses del grupo o clase a que se pertenece.
De su lado, la participación social se define como el proceso de tomar parte en las organizaciones sociales, en la creación y recreación de la cultura propia, entendida como el sistema de objetivos, normas y valores comunales, regionales y nacionales.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el concepto de participación en un plano ideal quiere expresar básicamente el deseo de que la población de dicho medio llegue a compartir el poder dentro del sistema social nacional mediante su intervención efectiva en el proceso de toma de decisiones.
¿Cuál ha sido la experiencia a partir de estos conceptos, en la práctica cotidiana de la población dominicana en materia de participación comunitaria en el proceso educativo?
Nuestra Ley General de Educación y la Participación
Fundamentación no nos ha faltado. Comentemos lo que consigna, por ejemplo, nuestra Ley de Educación.
En su artículo 181 dice “la participación se concibe como el derecho y el deber que tienen todos los miembros de la comunidad educativa de tomar parte en la gestión del centro educativo, de trabajar por su mejoramiento y de integrarse en su gestión, dentro del campo de atribuciones que les compete”.
Y luego, en el artículo 182 dice que “la participación en el centro educativo es expresión de la vida y acción de la comunidad educativa y se manifiesta en el ejercicio de la democracia con responsabilidad y respeto, en cada uno de los estamentos, niveles y modalidades de la educación, dentro de la esfera de acción que señalan las disposiciones jurídicas vigentes”.
Son conceptos modernos y revolucionarios cargados de hermosas intenciones que al aplicarse metódicamente transforman la práctica cultural comunitaria en el marco y a partir del centro educativo, en un proceso de gestión hacia la calidad con eficiencia y eficacia.
¿Por qué en nuestras escuelas no ha sido posible exhibir esta práctica emanada y a la luz de las concepciones anteriores? ¿En qué hemos fallado?
Entre otras razones, consideramos oportuno examinar –junto a los conceptos—algunos elementos que constituyen los grados, categorías y características fundamentales de la participación comunitaria, que obviamente parecen no haber sido tomados en cuenta.
La participación comunitaria se fundamenta en la interpretación y transformación de su propia realidad y de las modalidades educativas que más se correspondan a sus aspiraciones.
Hay que recordar que la única vez en la historia de la República en que la comunidad nacional fue consultada para que expresara sus pareceres y aspiraciones sobre la problemática del sistema educativo y sus alternativas de transformación, ocurrió durante el proceso de formulación y la ejecución en principio del Plan Decenal de Educación.
Es posible que para entonces no tuviésemos la claridad suficiente, tanto conceptual como de ejecutoria para cultivar una participación de la comunidad nacional que había iniciado su práctica en la formulación del Plan; pero sí que estábamos envueltos en el espíritu de una democracia y deseo real que puso en práctica el nacimiento de una nueva forma de aportar al proceso educativo, donde no importaban los credos religiosos, ni las banderías políticas ni las clases sociales. Aunque desgraciadamente este proceso sólo duró 4 años como veremos más adelante.
La autora es Educadora y fundadora de la ADP
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