Por: Nelly Amador
Una de nuestras disposiciones jurídicas y de manera especial en materia educativa que posee las concepciones más avanzadas y progresistas para estos tiempos, es la Ley General de Educación 66-97.
Precisamente dicha Ley en su artículo 17 expresa que: “En los centros docentes, públicos o privados, no se podrá llevar a cabo, ni promover ningún tipo de actividad político-partidista. Sus funcionarios docentes o de cualquier tipo, no podrán ejercer el activismo político en los recintos escolares, y mucho menos, involucrar a los alumnos en este tipo de actividades”.
Pero para que nadie argumente que le están negando sus derechos en este orden, el artículo tiene un párrafo que dice: “Esta disposición no disminuye ni limita en modo alguno, los derechos políticos consagrados constitucionalmente y reconocidos por esta ley como condición indispensable para el ejercicio de una ciudadanía responsable”.
Si nuestra Ley General de Educación 66-97 es tan clara, ¿por qué entonces se permite que directores distritales, maestros y otros funcionarios la violen constantemente sin que esto tenga consecuencias? Creemos que todas estas personas no solamente deben salir del sistema, sino que deben ser sometidos a la acción de la justicia, pues el mensaje que estamos dando es alarmante.
Para mi fue de mucha tristeza ver un director de distrito en Santiago de los Caballeros, adoctrinando niños pequeños en materia político-partidaria; otro funcionario en La Vega que amenazó con cancelar una maestra porque no quiso prestarle a sus estudiantes para una actividad política, o el técnico de La Romana que casi abofetea a un dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores –ADP-- cuando exigía y explicaba a los maestros nuevos que no necesariamente deben pertenecer ni a la corriente magisterial ni al partido en el poder para poder ser nombrados si ganaron sus concursos.
Nuestros niños no tienen necesidad de que los políticos les donen mascotas con sus figuras o a cambio de que lleven a sus casas 30 ó 40 afiches. Esto es grave. El 4% debe servir para estas cosas y no para publicidad, bonos, aumentos salariales desproporcionados. ¡Esto tiene que desaparecer ya! La sociedad debe empoderarse para que enmendemos estos entuertos y que no sea demasiado tarde en corregir el daño que estamos haciendo a nuestros estudiantes.-
La autora es Educadora y fundadora de la ADP
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