Por Ramón Ceballo
En los últimos 10 años, podemos afirmar sin ninguna equivocación que las instituciones políticas del país se encuentran influenciadas de manera significativa por grupos delincuenciales.
Los acontecimientos que ocurren en la República Dominicana, bajo los gobiernos del Partido e la Liberación Dominicana, nos hacen pensar que el país se ha convertido en un Estado Delincuencial.
Bajo la administración peledeístas predominan funcionarios permeables a la corrupción, no se sabe si son los criminales quienes han tomado control del Estado a través del soborno y la extorsión a los funcionarios, o funcionarios que han tomado el control de las redes criminales para ponerlas a su servicio.
En la República Dominicana la falta de ética de la clase política es cada día mayor y es el principal flagelo y razón para que las instituciones sean corruptas e ineficientes porque están llenas de delincuentes y políticos que gozan de privilegios ofensivos que están de la mano con el crimen organizado.
La situación anterior hace que predomine en el país, bajo el gobierno e Danilo Medina y el PLD un estado demasiado débil con escaso poder de sus autoridades, donde predominan numerosos casos de corrupción, trafico de influencias, narcotráfico, ausencia de seguridad para los ciudadanos y una justicia controlada por sectores políticos que cubren sus sentencias con el manto protector del Estado.
Este estado delincuencial, ha sido permisivo de Corrupción, homicidios, tráfico de drogas, secuestros, abuso policial, mafias carcelarias todos mezclados en múltiples redes y negocios propios de la delincuencia
organizada, donde predomina la inseguridad ciudadana, lo que ha traído como resultado una creciente espiral de violencia y crímenes que ha convertido a Republica Dominicana bajo los gobiernos del PLD en uno de los países más peligrosos de la región.
La República Dominicana, su población vive ahogada, debido a un alto índice de corrupción, absoluta impunidad, elevada tasa de homicidios por cien mil habitantes la mayoría de ellos cometidos con armas de fuego por la delincuencia organizada, ruina del campo y sectores productivos que ha traído como resultado la pérdida de puestos de trabajo, generando así una profunda crisis económica, y la ineficacia de las autoridades para enfrentarla.
A todo lo anterior se agrega que los carteles de la droga y los nuevos sectores de poder, se ha extendido a los estamentos militares y policiales, aprovechando las bajas condiciones de vida de sus componentes para infiltrarlos, además, mediante millonarios aportes económicos, financian las candidaturas de políticos a cargos públicos electivos a cambio de garantizarles impunidad, protección y amparo del poder estatal en sus operaciones.
Todo este estado delincuencial lo cubren con partidas presupuestarias consignadas en la Ley de Presupuesto y gasto público, dirigidas a la publicidad estatal para someter y controlar tanto a los medios de comunicación, como a periodismo para mantener un silencio sepulcral.
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