Reflexiones
Por: Nelly Amador
A partir de los fundamentos del currículo que como resultado del proceso de Plan Decenal 1992-2002, en el sistema educativo de la República Dominicana se retomó la formación moral y cívica con el propósito de contribuir a la formación de los ciudadanos y ciudadanas, que asumen los valores de la ética, la tolerancia, solidaridad, las buenas costumbres y normas de convivencia, en un mundo que fundamente sus relaciones interpersonales en la justicia, la equidad y el respeto a los derechos humanos.
Con la Ordenanza 3-99 el Consejo Nacional de Educación hizo modificaciones sustanciales a la Ordenanza 1-95, de manera expresa en cuanto a la inclusión de la moral y cívica como asignatura, denominada formación integral humana y religiosa en los primeros grados de la educación básica.
Tal y como sostiene el Dr. Nicolás Almánzar en su libro Manual de Educación Moral y Cívica, el bombardeo que sufre la familia dominicana con la proliferación de vicios y el permanente reclamo de importantes sectores nacionales de que los adolescentes y los adultos jóvenes reciban una formación moral y cívica que les permita conocer los valores cristianos, humanos, sociales, morales y patrióticos del país, se impone que la formación moral y cívica sea un área prioritaria, no solamente para los alumnos de las escuelas y liceos del Sistema Educativo Nacional, sino también para el ciudadano común y corriente. De esta manera podremos tener mejores ciudadanos, porque nuestro país será valorado por el índice cultural y educativo que ayude al mejor comportamiento de nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Ante el crecimiento de las obligaciones ciudadanas, sigue sosteniendo el profesor Almánzar, la sociedad moderna pide y exige la necesidad de una adecuada formación cívica del hombre y la mujer, al considerar la educación cívica como fuente de formación, para que sean buenas ciudadanas y buenos ciudadanos.
La educación cívica está estrechamente vinculada a la convivencia humana y se refiere, en parte, a las relaciones sociales del ser humano con sus semejantes, pero solamente cuando éstos son considerados como conciudadanos, ligados por derecho y deberes comunes.
La finalidad esencial de la educación cívica es el civismo, regulador de las relaciones jurídicas entre la persona como miembro de una colectividad nacional, regional o local y el Estado como sociedad política mayor. A través de la educación cívica las personas se preparan para convivir armónicamente con sus semejantes, mediante el conocimiento y el cumplimiento de las leyes del Estado y las normas de la sociedad a la cual pertenecen.
Por tanto, no es peregrino afirmar que la Educación Cívica constituye un factor de vital importancia en la conducta y el comportamiento de las ciudadanas y ciudadanos como el medio más expedito para fortalecer las relaciones interpersonales.
Todas estas concepciones fueron analizadas y socializadas durante el proceso de formulación del Plan Decenal de Educación, plasmadas en documentos importantes como los Fundamentos del Currículo. Y esto impactó de manera positiva en la comunidad educativa nacional e incluso se conformó un Consorcio de Educación Cívicade manera espontánea por un grupo de instituciones vinculadas al sector educativo, que habían desarrollado una interesante experiencia en la formación de valores ciudadanos, tanto en el nivel formal como informal y que tenía como misión "promover y fortalecer la formación ciudadana con los diferentes actores de la comunidad educativa dominicana, a fin de contribuir a la construcción de una sociedad democrática y participativa que permita el ejercicio de una ciudadanía responsable, a través de la educación cívica”.
En todas las reflexiones y documentos relativos al proceso educativo en materia de moral y cívica conferían la responsabilidad a todos los y las docentes, independientemente de que se especializaran algunos de ellos participando de cursos, seminarios y talleres que les permitiesen adquirir herramientas y destrezas propias de la pedagogía para tales fines.
Hoy, no entendemos por qué el Ministerio de Educación tiene que firmar acuerdo con el Tribunal Constitucional para enseñar la Constitución en nuestras escuelas, si desde siempre los maestros y maestras han desempeñado este rol con esta asignatura de moral y cívica, la cual es transversal en todo el currículo.
Ojalá que esto no sea una nueva forma de dilapidar los recursos económicos-financieros del 4% del Producto Interno Bruto –PIB—que en el marco del presupuesto nacional tiene asignada el área educativa.
La autora es Educadora y fundadora de la ADP
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